Según Ignacio Velázquez, los presupuestos de la Ciudad Autónoma, mas allá de una previsión de ingresos y gastos para el año próximo, son la “hoja de ruta” de lo que el gobierno pretende conseguir durante todo un año.
A través de ellos, podemos comprobar las auténticas prioridades, proyectos y actividades que el gobierno considera de su interés, así como aquellas cuestiones que considera secundarias o no relevantes.
El Ex-Presidente de nuestra ciudad, ha analizado el presupuesto de la Ciudad Autónoma para el año 2011, aprobado por Imbroda, y la conclusión que extrae es alarmante, ya que si hay algún rasgo característico que lo defina no es otro que el de una falta total de realismo acompañado de una absoluta frivolidad. El ejecutivo de Imbroda parece no haberse de que nuestro país esta inmerso en una grave crisis económica.
El presupuesto, temerariamente aprobado para este año, asciende a más de 254 millones de euros (más de 42.000 millones de pesetas). Esta cantidad, extraordinariamente elevada en relación con el número de habitantes de nuestra ciudad, se ha más que cuadriplicado en la última década, pero sigue manteniendo su habitual estructura lastrada por unos ingentes gastos de personal y unos infinitos gastos corrientes.
En efecto, el gasto de personal siguen suponiendo el 28,6 % del presupuesto (72,9 millones de euros), similar al porcentaje del ejercicio anterior. Los gastos corrientes, 92,7 millones de euros (un 36,4 % del presupuesto). Por su parte, las inversiones alcanzan tan solo 37,8 millones de euros (apenas un 15,2 % del presupuesto). En los últimos años, la capacidad inversora de la Ciudad Autónoma se ha ido cifrando en torno a un raquítico 18-20%, cuantía, a todas luces, insuficiente, a la vista de los abultados presupuestos. La reducción de la inversión prevista para el año 2011 no es explicable sólo por la minoración de la aportación del Estado, sino también por la falta de voluntad política de hacer de la inversión efectiva una elección prioritaria.
El Partido Popular a nivel nacional, argumentando la “gravísima crisis que padecemos, que está teniendo consecuencias dramáticas en nuestra sociedad” y el “incremento del desempleo, la crisis financiera, con sus efectos sobre la liquidez, que están provocando una situación insostenible en las familias y en las PYMES”, ha propuesto un “Plan de Austeridad”, enmarcado en un Plan de Reformas Urgentes frente a la Crisis, que consiste en 100 medidas a aplicar en las distintas administraciones locales y autonómicas.
Entre las medidas que propugna ese Plan de Austeridad, a modo de ejemplo, destacaría las siguientes propuestas:
o Reducir el número de Consejerías, altos cargos y personal eventual.
o Reducir el gasto corriente no vinculado a educación, sanidad y servicios sociales.
o Reducir un 50% el gasto de publicidad y propaganda, y en todo caso, se ajustará a lo establecido en la legislación vigente en la materia.
o Reducir un 30% de las partidas de estudios y trabajos técnicos
o Reducir los gastos de representación, locomoción y dietas en un 40%, y en cualquier caso quedará limitado el gasto para comidas y cenas.
o Reducir los gastos de protocolo y recepciones en un 75%
o Reducir el gasto de teléfonos móviles al menos en un 25%
o Minoración de los gastos de consultoría y asesoría externa en un 50%.
o Desarrollar un Plan de Ahorro Energético de tal manera que se alcance un 30% de ahorro del gasto de la Administración.
o Reducción de un 25% de los puestos de libre designación.
Las medidas citadas como paradigma, revelan una ambiciosa reacción del Partido Popular ante la crisis y, en particular, respecto a los gastos corrientes de las Administraciones Publicas. Sin embargo, si examinamos el presupuesto presentado por el equipo de gobierno de la Ciudad Autónoma para el año 2011, sólo cabe la perplejidad, puesto que no se respeta ni una sola de las propuestas referidas más arriba. Es más, el presupuesto bien parece una burla de ese Plan de Austeridad propuesto por el PP nacional. Es como si el presupuesto no hubiera sido formulado por un gobierno local del mismo signo, o propuesto por un partido antagonista, o impulsado por la frivolidad que seguramente propician algunas mayorías absolutas.
Lo cierto es que la apelación del PP nacional de que ahora “es el momento de reaccionar y tomar medidas que nos ayuden a salir de esta situación cuanto antes”, resulta caricaturizada por la propuesta presupuestaria del Gobierno local. En el capítulo segundo del presupuesto, los gastos corrientes apenas se reducen en su conjunto en un irrisorio 2,5%, frente a las significativas minoraciones propuestas por la dirección nacional popular. Los gastos de personal sólo descienden en un 3,7 % y, teniendo en cuenta las reducciones (del 5%) impuestas por el Gobierno de la nación a los funcionarios públicos, el gasto de personal parece incrementarse en vez de reducirse.
Nada de reducción de Consejerías, nada de minoración de altos cargos y eventuales, ni un solo reajuste significativo (no ya los formulados por el Plan de Austeridad) en gastos de protocolo, dietas, teléfonos móviles, asesoría y consultoría externa, nada de Plan de Ahorro Energético…. etc. En cambio, se mantienen e incrementan partidas de Bienestar Social y Formación que, bajo denominaciones benéficas, lo que encubren son objetivos electoralistas. Fiel reflejo de la actitud absolutamente indecorosa de un gobierno que hace oídos sordos, no sólo a la situación de precariedad económica que afecta a muchos melillenses, sino también a las directrices de la dirección nacional de su partido.
Mención especial en el presupuesto merecen los denominados gastos de publicidad que, a pesar de la disminución de un 50% prescrita por el PP nacional y de los substanciales incrementos habidos en los últimos años, se mantienen invariables respecto al año pasado, estimándose en 2.150.000 euros.
En cambio, sí se prevén en el presupuesto subidas de ingresos tributarios. La estimación de los impuestos, tantos directos como indirectos, se incrementa en un cinco por ciento, a pesar de la contracción económica que sufrimos, previsiones que no merecen mayor comentario pues hablan por sí solas.
En conclusión, este no es el camino para resolver los problemas de la ciudad. La aprobación del presupuesto es el momento en el que hay que demostrar esa aireada preocupación por el empleo en la ciudad, por la situación de los jóvenes etc., y de determinar los objetivos prioritarios para la ciudad. Objetivos que deben coincidir con los intereses de la ciudadanía, no con los de la preservación y la supervivencia del gobierno vigente.
El gobierno local debe dar un cambio de rumbo a su política presupuestaría y realizar los ajustes propuestos por la dirección nacional del PP. Si no lo hace, luego habrá que responder ante la ciudadanía y, me imagino, que ante el PP nacional.
